El “Índice de Costo Económico por Permisología” (ICEP), elaborado por la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, calculó los costos que durante 2024 asumió la región debido a la demora en la tramitación de permisos medioambientales para proyectos de inversión.
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Una cifra estimada de US$32 millones e imposibilitar la creación de poco más de 1.400 empleos fueron los costos que asumió la Región de Los Ríos durante el 2024 debido a los extensos retrasos en la tramitación de permisos ambientales. Así lo revela el “Índice de Costo Económico por Permisología” (ICEP), desarrollado por la USS, que por primera vez cuantifica el impacto regional de estas barreras administrativas sobre la inversión y el empleo.
La «permisología» es un término usado para describir al conjunto de permisos y trámites burocráticos que una persona o empresa debe obtener para llevar a cabo una actividad, como por ejemplo construir, abrir un negocio, realizar un proyecto industrial, entre otros, trámites que dada su excesiva demora son calificados como un freno para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo en Chile.
Así, en base a información del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el ICEP detectó que en Los Ríos casi cuatro de cada cinco proyectos estuvieron en calidad de retraso durante 2024, lo que equivale al 77% del total de evaluación. A nivel nacional, la tasa de retraso es de un 65%.
Este escenario generó para Los Ríos un costo económico de US$32 millones, además de perder la generación de 1.472 nuevos empleos, considerando las etapas de construcción, operación y cierre. Cabe precisar que 97% de estos puestos de trabajo corresponden a la etapa de operación. Con todo, esta cifra podría llegar a un máximo de 2.177 nuevos empleos en un escenario optimista.
El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, explicó que esta es la segunda edición del estudio, el primero en Chile que aplica una metodología específica para medir no solo los tiempos de espera, sino el efecto económico directo. “Nuestro país tiene grandes desafíos para crear mayor prosperidad económica, inclusión social y protección ambiental. Una de las mayores barreras microeconómicas para el desarrollo es la permisología”, detalló.
Weber detalló que la inversión aprobada por el SEIA fue de US$300 millones durante el 2024 en Los Ríos. Con todo, a nivel nacional la inversión aprobada por el sistema fue de US$20.700 millones. Además, en Los Ríos durante 2024 se identificaron 9 proyectos con RCA aprobadas, lo que representa una tasa de aprobación del 65%.
Con todo, el ICEP detectó que en Los Ríos un permiso ambiental en 2024 demoró en promedio 380 días corridos en aprobarse desde que ingresó al sistema, hasta que logró una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) positiva. Esta cifra es 30 días menos que el promedio nacional.
En ese sentido, el decano Weber explicó que actualmente existen 8 proyectos en evaluación en Los Ríos por un total de US$370 millones de inversión. De estos, 80% corresponden al sector energía y 14% en el sector inmobiliarios. De tales iniciativas, el Parque Eólico Ovejera Sur -cuya inversión es de S$280 millones- fue presentado a evaluación en mayo de 2021, totalizando hasta ahora poco más de 1.500 días de tramitación.
Nivel nacional
De acuerdo con el análisis del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, los retrasos en la tramitación medioambiental de los proyectos de inversión le costaron al país más de US$2.200 millones en 2024, equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, se evidenció que el 65% de los proyectos en 2024 experimentaron retrasos más allá de los plazos legales.
Weber enfatizó en la gravedad de la situación, señalando que: “dos de cada tres proyectos enfrentaron retrasos más allá de los plazos legales el año pasado, lo que provocó un aumento del perjuicio de la permisología de 0,58% a 0,7% del PIB en tan solo un año”.
El académico agrega que “para corregir tenemos que pasar a acciones inmediatas y aprovechar que tenemos una cartera de inversión en evaluación cercana a los US$100.000 millones: sacarla adelante es una tremenda oportunidad que requiere prioridad presidencial. Si asumimos que una meta razonable para el país es crecer al 4%, entonces destrabar la permisología nos permitiría cubrir un tercio de la brecha que tenemos en el crecimiento de la actividad”.
